El Tribunal Superior de Justicia puso en marcha la iniciativa este mediodía durante un acto que tuvo lugar en el Palacio de Justicia I.
Provinciales- El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) puso en marcha hoy un nuevo modelo para el tratamiento de las causas penales relacionadas con hechos de violencia familiar que hayan sido elevadas a juicio. La presentación del plan tuvo lugar este miércoles durante un acto llevado a cabo este mediodía en el Palacio de Justicia I. El acto contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. El nuevo sistema incluye la creación de una Oficina judicial de Atención Centralizada para el Tratamiento de las Causas de Violencia Familiar en la etapa de juicio y la implementación de un nuevo protocolo de actuación para aquellos casos en que no haya personas privadas de su libertad (sin preso).
El nuevo protocolo de actuación para las causas de violencia familiar en la etapa de juicio continúa con el compromiso asumido por el TSJ de dar una mayor especialidad al tratamiento de este flagelo social y que se ha manifestado en diferentes decisiones. Así, en el año 2015, el TSJ creó la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar, la que tiene entre sus principales funciones generar protocolos de actuación y pautas de trabajo interactuando con operadores poder y extra poder con la finalidad de mejorar la respuesta judicial en la temática.
María Marta Cáceres de Bollati (foto), la vocal del TSJ que está a cargo de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar (OVF), aseguró que las medidas dispuestas "permitirán extender a la etapa de juicio el acompañamiento que el Poder Judicial de Córdoba hace de las víctimas del flagelo de la violencia doméstica". La magistrada también valoró que esta innovación haya sido fruto del trabajo interinstitucional que hace varios años la mencionada oficina –OVF-, viene desarrollando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia y otras entidades relacionados con la problemática. Asimismo, enfatizó que el abordaje a la víctima en esta etapa del proceso se llevará a cabo a través de equipos técnicos interdisciplinarios y personal especialmente capacitado de la Policía Barrial.
Concretamente, el proyecto supone la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial de Atención Centralizada (AR n.° 1472) para el tratamiento de las causas de violencia familiar en la etapa de juicio, que asistirá a las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba en la gestión de las causas originada en episodios de violencia familiar.
También se creó un Registro Digital de Antecedentes en Violencia Familiar (AR n.° 1482) que permitirá a jueces y funcionarios judiciales acceder de manera ágil y controlada a los datos ya registrados en los diferentes sistemas informáticos del Poder Judicial, lo que alcanza a los casos que se tramitan en las unidades judiciales, en pos de un correcto e integral abordaje de la problemática.
Además, como resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia de la Provincia, los operadores judiciales que intervengan en la temática, a través de un sistema informático, tendrán acceso a los informes técnicos elaborados por los especialistas, tanto aquellos del Poder Judicial como los emitidos desde el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia y del Centro Integral de Varones en Situación de Violencia, para su simple lectura (AR n.° 1488). Asimismo, se conformó un equipo técnico especializado que entrevistará a la víctima, generará un nuevo espacio de escucha y, posteriormente, se expedirá sobre si persiste o ha cesado el riesgo en ese momento del proceso.
El plan establece que las Cámaras en lo Criminal y Correccional tendrán la posibilidad de implementar una etapa de visitas a la víctima de violencia familiar, en aquellos casos que se presenten como aislados y siempre que no subsista riesgo para la víctima, según lo concluido por el equipo técnico especializado. Esta fase será llevada adelante por personal de la Policía Barrial, especialmente capacitado, en base a un protocolo de actuación acordado con diferentes dependencias (AR n.° 1479 y n.° 1480): la Secretaria de Seguridad, representada por la Dirección de Policía Barrial y la Sub Dirección de Programas especiales; la Policía de Córdoba a través de la Dirección General de Seguridad capital, representada por la Dirección de control de Gestión de la Policía Barrial y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género, dependiente de la Subjefatura Policial.
Dicho protocolo establece la posibilidad de que personal de Policía Barrial –si así lo dispone la Cámara del Crimen y Correccional interviniente-, realice una encuesta cerrada a la víctima, mediante visitas periódicas y el llenado de una plantilla que permitirá tener información actualizada y precisa de la situación de la persona, para el seguimiento del caso y el posterior tratamiento por parte de la autoridad competente.
Estos avances contemplan los nuevos paradigmas plasmados en las legislaciones que colocan a la víctima con un enfoque diferencial, otorgándole garantías y procurando un trato digno y la no revictimización.
María Marta Cáceres de Bollati (foto), la vocal del TSJ que está a cargo de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar (OVF), aseguró que las medidas dispuestas "permitirán extender a la etapa de juicio el acompañamiento que el Poder Judicial de Córdoba hace de las víctimas del flagelo de la violencia doméstica". La magistrada también valoró que esta innovación haya sido fruto del trabajo interinstitucional que hace varios años la mencionada oficina –OVF-, viene desarrollando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de la Provincia y otras entidades relacionados con la problemática. Asimismo, enfatizó que el abordaje a la víctima en esta etapa del proceso se llevará a cabo a través de equipos técnicos interdisciplinarios y personal especialmente capacitado de la Policía Barrial.
Concretamente, el proyecto supone la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial de Atención Centralizada (AR n.° 1472) para el tratamiento de las causas de violencia familiar en la etapa de juicio, que asistirá a las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba en la gestión de las causas originada en episodios de violencia familiar.
También se creó un Registro Digital de Antecedentes en Violencia Familiar (AR n.° 1482) que permitirá a jueces y funcionarios judiciales acceder de manera ágil y controlada a los datos ya registrados en los diferentes sistemas informáticos del Poder Judicial, lo que alcanza a los casos que se tramitan en las unidades judiciales, en pos de un correcto e integral abordaje de la problemática.
Además, como resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia de la Provincia, los operadores judiciales que intervengan en la temática, a través de un sistema informático, tendrán acceso a los informes técnicos elaborados por los especialistas, tanto aquellos del Poder Judicial como los emitidos desde el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia y del Centro Integral de Varones en Situación de Violencia, para su simple lectura (AR n.° 1488). Asimismo, se conformó un equipo técnico especializado que entrevistará a la víctima, generará un nuevo espacio de escucha y, posteriormente, se expedirá sobre si persiste o ha cesado el riesgo en ese momento del proceso.
El plan establece que las Cámaras en lo Criminal y Correccional tendrán la posibilidad de implementar una etapa de visitas a la víctima de violencia familiar, en aquellos casos que se presenten como aislados y siempre que no subsista riesgo para la víctima, según lo concluido por el equipo técnico especializado. Esta fase será llevada adelante por personal de la Policía Barrial, especialmente capacitado, en base a un protocolo de actuación acordado con diferentes dependencias (AR n.° 1479 y n.° 1480): la Secretaria de Seguridad, representada por la Dirección de Policía Barrial y la Sub Dirección de Programas especiales; la Policía de Córdoba a través de la Dirección General de Seguridad capital, representada por la Dirección de control de Gestión de la Policía Barrial y el Departamento de Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género, dependiente de la Subjefatura Policial.
Dicho protocolo establece la posibilidad de que personal de Policía Barrial –si así lo dispone la Cámara del Crimen y Correccional interviniente-, realice una encuesta cerrada a la víctima, mediante visitas periódicas y el llenado de una plantilla que permitirá tener información actualizada y precisa de la situación de la persona, para el seguimiento del caso y el posterior tratamiento por parte de la autoridad competente.
Estos avances contemplan los nuevos paradigmas plasmados en las legislaciones que colocan a la víctima con un enfoque diferencial, otorgándole garantías y procurando un trato digno y la no revictimización.
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