Desde junio, el Ministerio de Desarrollo de la Nación comenzó a aplicar un viejo decreto para restringir la ayuda social.
A partir de este mes, y sin previo aviso, el Ministerio de Desarrollo Social decidió aplicar un decreto de 1997 que establece más exigencias y condiciones que deben reunir quienes buscan acceder a una pensión.
Según se informó, se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es mínima.
También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familia tenga un ingreso formal de 21.000 pesos.
Esta decisión reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con 'invalidez'.
En la Provincia de Córdoba hay cerca de 100 mil beneficiarios de pensiones no contributivas. En diálogo con "La Voz", Marcelino Álvarez, coordinador del Centro de Referencia Córdoba de la cartera nacional, informó que los cruces iniciales determinaron la suspensión de aproximadamente el cuatro por ciento de las pensiones no contributivas, es decir, unas cuatro mil.
El funcionario indicó que, de acuerdo con un decreto del año 1997, la revisión de las pensiones debe hacerse de manera periódica, ya que aunque se trata de beneficios vitalicios, lo son "en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento".
En la actualidad, las pensiones no contributivas se limitan a tres categorías. Las masivas son las pensiones por invalidez, que se pagan a personas con discapacidad total o parcial –disminución del 76 por ciento o más– que les impide trabajar y que, además, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. En estos casos, los beneficiarios de la pensión cobran 4.319 pesos mensuales.
También perciben pensiones no contributivas quienes hayan sido trasplantados o estén en lista de espera del Incucai. En esta categoría, lo más determinante es la intervención y la certificación del organismo que coordina los trasplantes.
El tercer tipo de pensiones no contributivas son las que perciben las madres de siete hijos o más. En ese caso, el beneficio es de 6.500 pesos mensuales.
En todos los casos, ni el beneficiario ni su cónyuge pueden percibir jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Tampoco pueden tener empleo en relación de dependencia, ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante ni de su grupo familiar. Esas son las exigencias que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a revisar en los últimos meses.
Según explicó Álvarez, los motivos más frecuentes de suspensión de las pensiones son que el cónyuge cuente con un beneficio, que el grupo familiar supere los tres haberes mínimos o que el patrimonio familiar sea incompatible con la situación de vulnerabilidad social que se exige (más de un bien registral o autos nuevos).
La revisión de las pensiones llevará varios meses y consiste, básicamente, en cruces de datos con otros organismos públicos. En algunos casos, pueden ser revisados los certificados de discapacidad de los beneficiarios.
"Lo que se hace es controlar que se cumpla la ley. En ningún caso se dan de baja, sino que se suspenden hasta que el beneficiario actualice la información que genera incompatibilidad con el beneficio. Además, en todos los casos siguen teniendo la cobertura del programa Incluir Salud; y si el beneficiario acredita que cumple los requisitos, el beneficio se reactiva con retroactividad", indicó Álvarez.
A nivel nacional, hay más de un millón de pensiones no contributivas otorgadas. Entre enero y junio habrían sido suspendidas más de 80 mil.
Dónde reclamar si hubo suspensión del beneficio. En las oficinas de Desarrollo Social de municipios del interior. En Córdoba: 9 de julio 745. En Río Cuarto: Hipólito Yrigoyen 480. En Deán Funes: Terminal de Ómnibus.
Según se informó, se quitó la ayuda social a beneficiarios cuyos cónyuges perciban una pensión o jubilación, incluida si es mínima.
También sufrieron la baja de sus pensiones personas con dificultades para manejarse de manera independiente en caso de que cuenten con un tutor que perciba ingresos equivalentes a tres salarios mínimos, es decir, cuyo familia tenga un ingreso formal de 21.000 pesos.
Esta decisión reflotó el decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997 para sacar las pensiones graciables a las personas con 'invalidez'.
En la Provincia de Córdoba hay cerca de 100 mil beneficiarios de pensiones no contributivas. En diálogo con "La Voz", Marcelino Álvarez, coordinador del Centro de Referencia Córdoba de la cartera nacional, informó que los cruces iniciales determinaron la suspensión de aproximadamente el cuatro por ciento de las pensiones no contributivas, es decir, unas cuatro mil.
El funcionario indicó que, de acuerdo con un decreto del año 1997, la revisión de las pensiones debe hacerse de manera periódica, ya que aunque se trata de beneficios vitalicios, lo son "en tanto se mantengan las condiciones que dieron lugar a su otorgamiento".
En la actualidad, las pensiones no contributivas se limitan a tres categorías. Las masivas son las pensiones por invalidez, que se pagan a personas con discapacidad total o parcial –disminución del 76 por ciento o más– que les impide trabajar y que, además, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social. En estos casos, los beneficiarios de la pensión cobran 4.319 pesos mensuales.
También perciben pensiones no contributivas quienes hayan sido trasplantados o estén en lista de espera del Incucai. En esta categoría, lo más determinante es la intervención y la certificación del organismo que coordina los trasplantes.
El tercer tipo de pensiones no contributivas son las que perciben las madres de siete hijos o más. En ese caso, el beneficio es de 6.500 pesos mensuales.
En todos los casos, ni el beneficiario ni su cónyuge pueden percibir jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva. Tampoco pueden tener empleo en relación de dependencia, ni tener bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia del solicitante ni de su grupo familiar. Esas son las exigencias que el Ministerio de Desarrollo Social comenzó a revisar en los últimos meses.
Según explicó Álvarez, los motivos más frecuentes de suspensión de las pensiones son que el cónyuge cuente con un beneficio, que el grupo familiar supere los tres haberes mínimos o que el patrimonio familiar sea incompatible con la situación de vulnerabilidad social que se exige (más de un bien registral o autos nuevos).
La revisión de las pensiones llevará varios meses y consiste, básicamente, en cruces de datos con otros organismos públicos. En algunos casos, pueden ser revisados los certificados de discapacidad de los beneficiarios.
"Lo que se hace es controlar que se cumpla la ley. En ningún caso se dan de baja, sino que se suspenden hasta que el beneficiario actualice la información que genera incompatibilidad con el beneficio. Además, en todos los casos siguen teniendo la cobertura del programa Incluir Salud; y si el beneficiario acredita que cumple los requisitos, el beneficio se reactiva con retroactividad", indicó Álvarez.
A nivel nacional, hay más de un millón de pensiones no contributivas otorgadas. Entre enero y junio habrían sido suspendidas más de 80 mil.
Dónde reclamar si hubo suspensión del beneficio. En las oficinas de Desarrollo Social de municipios del interior. En Córdoba: 9 de julio 745. En Río Cuarto: Hipólito Yrigoyen 480. En Deán Funes: Terminal de Ómnibus.
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