martes, 3 de noviembre de 2015

Comienza a llegar documentación a los ciudadanos sorteados para ser jurados populares

En los próximos días recibirán por correo una carta de presentación y un formulario que tendrán que llenar para saber si pueden integrar el padrón definitivo

A partir de esta semana, las personas que resultaron sorteados en la audiencia pública celebrada el 8 de octubre pasado para integrar los tribunales penales en Córdoba, en la calidad de jurados populares durante el año 2016, recibirán en sus domicilios un sobre con una carta de presentación y una declaración jurada que deberán completar y devolver por correo sin costo alguno. El objetivo es saber si los ciudadanos sorteados reúnen los requisitos legales exigidos con tal fin, de manera de poder conformar la lista definitiva de quienes podrán ser convocados cuando haya que recurrir a esta modalidad de juzgamiento en la provincia. 
La correspondencia que recibirán será encabezada por una carta, dirigida por el encargado de la Oficina de Jurados Populares del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en la que se les explica sucintamente los motivos de la misiva. Asimismo, se les requerirá que completen, con el valor de declaración jurada, los datos que constarán en un formulario adjunto. Una vez que lo hagan deberán remitirla dentro del sobre que se les acompañará y enviarlo, sin gasto alguno, dado que el franqueo se encuentra pago, por intermedio de cualquier sucursal del Correo Argentino. La información es clave para saber quiénes se encuentran alcanzados por alguna incompatibilidad o inhabilitación para desempeñar la función.
Los ciudadanos que tuvieran alguna inquietud o duda sobre los datos que se les requieren podrán comunicarse telefónicamente con la Oficina de Jurados Populares (0351-4266852) o dirigirse a las sedes judiciales correspondientes a su domicilio. 
El sistema busca favorecer la participación ciudadana en las decisiones del Poder Judicial. En virtud de la Ley 9182, los delitos económicos, los hechos de corrupción y los "crímenes aberrantes" deben ser juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por tres jueces técnicos y ocho jurados populares.
Los jurados deciden, junto a los magistrados, sobre la existencia del hecho delictivo y sobre la responsabilidad penal del imputado. En cambio, no intervienen en las cuestiones de índole estrictamente jurídica, como la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena.
Si bien la función es una carga publica, las personas convocadas reciben por parte del Estado provincial un monto determinado por día que dure el debate (600 pesos), como así también los viáticos correspondientes, conforme al régimen de asistencia económica para los Jurados Populares sorteados para integrar las Cámaras del Crimen de este Poder Judicial.

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