
Para salvaguardar esta garantía,
la normativa dispone con amplitud todo un sistema protectorio que prohíbe
cualquier acto y/o acción de cualquier naturaleza y cualquiera sea la autoridad
de la que emane, que de manera directa o indirecta restrinja, altere o censure
estas libertades.
“La firma de este decreto no
sería necesaria en un país normal”, dijo el gobernador José Manuel de la Sota.
Y agregó: “Sin prensa independiente, sólo existen la manipulación y la
propaganda oficial. Quienes temen a la libertad, se ocupan primero de limitar
la libertad de prensa”, manifestó.
La normativa prohíbe además la
ejecución de actos administrativos que dispongan la intervención, desapoderamiento,
designación de administradores y/o veedores, etc. que de manera directa o
indirecta tiendan a restringir o controlar medios de comunicación o su
participación social; a la vez que limita las ejecuciones forzosas sobre bienes
de periodistas y/o medios de comunicación por deudas derivadas de la actividad
de prensa y prohíbe las expropiaciones tanto de los medios de comunicaciones
como de las participaciones sociales de éstos, en cuanto a los inmuebles de
esos medios se fijan condiciones para su efectivización.
En otro pasaje del mensaje en el
que se hizo pública la firma del decreto, el gobernador señaló: “Todos saben
que nunca he tenido una prensa adicta. Disentimos y coincidimos, pero la
política y la prensa son dos cosas diferentes y transitan por carrilles
diferentes, y así debe ser en una democracia moderna y en una sociedad libre”,
graficó.
La norma que se acaba de
suscribir está sustentada en la Constitución Nacional que en el artículo 14
consagra como derecho de todos los habitantes de la Nación el de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa, luego el artículo 32 dispone que el
Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o
establezcan sobre ella la jurisdicción federal; y por otra parte el artículo
121 que determina que las provincias conservan todo el poder no delegado por
esta Constitución al Gobierno federal.
El gobernador se dirigió a la
población con estas palabras: “Dada la campaña electoral lanzada por el
gobierno kirchnerista, escucharán acusaciones falsas tendientes a a
desprestigiar a quienes pensamos distinto. Los que tienen el barro al cuello
intentarán salpicarnos a todos para diluir sus culpas”.
“Me atacan personalmente todos
los días, queriendo tapar el sol con la mano, y hasta parece que saldrán en los
próximos días a difamarme en lo familiar y personal”, finalizó el mandatario
provincial.
En definitiva, con este decreto, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba ejerce facultades propias teniendo en cuenta la necesidad
y gravedad de las cuestiones de público y notorio conocimiento, que hoy
demandan ejercer de inmediato el derecho de regular materias que le son propias
para resguardar el pleno ejercicio de libertades constitucionales fundamentales
de Expresión, Opinión y Prensa
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