Provinciales-
El principal argumento utilizado por la Nación para suspender los envíos de
fondos a la Caja Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es que la
Provincia no avanzó suficientemente en el proceso de armonización. Si bien el
planteo carece de sustento legal, ya que en todos los convenios firmados se
contempló un avance parcial y gradual en el proceso de convergencia a las
normas nacionales, de todas maneras resulta interesante evaluar cuales serían
los impactos financieros que se derivarían de la incorporación plena de las
normas previsionales nacionales al sistema previsional provincial.
El
estudio resulta muy complejo de llevar a cabo porque requiere desarrollar una
metodología para, por un lado, simular los aportes y contribuciones que harían
los 184 mil empleados públicos provinciales y municipales bajo las regulaciones
nacionales. Por el otro, requiere simular el monto de los aproximadamente 92
mil beneficios que paga la Caja bajo el supuesto que desde el año 2003 (fecha
en se inicia el proceso de armonización) en Córdoba se hubiesen aplicado las
normas que usa la ANSES.
En
relación a los ingresos, una de las diferencias es que a nivel nacional se
aplican mínimos y máximos sobre la remuneración sujeta a aportes que no rigen
en la Provincia. Otro factor, de mayor impacto, es que las alícuotas, tanto
para los aportes personales como para las contribuciones patronales, son más
altas en la legislación provincial. En promedio, mientras un afiliado de la
ANSES tributa el 28% de sus salario (sumando aportes personales y
contribuciones patronales), a nivel local la imposición promedio es equivalente
al 40% de la remuneración.
Si
la Provincia aplicara las normas nacionales, en lugar de haber recaudado $7.061
millones en el año 2012, la Caja habría percibido unos $4.471 millones. Es
decir, que la armonización plena llevaría a reducir las imposiciones en 12
puntos porcentuales generando una disminución de ingresos del orden de los $2.320
millones al año.
Por
el lado de las erogaciones, no se generan impactos en cuanto a la cantidad de
beneficios que paga la Caja ya que los requisitos para acceder a un beneficio
previsional están plenamente armonizados. Por el contrario, operan diferencias
significativas y muy complejas de estimar en relación a los haberes de cada
sector. Estas tienen origen en tres factores:
·
Diferencias en la fórmula para el
cálculo del haber inicial
·
Diferencias en los mecanismos de
movilidad aplicados desde el año 2003.
·
Diferencias en los haberes mínimo y
máximos.
La
aplicación de las normas nacionales a nivel local implicaría que la Caja
pagaría haberes más bajos. El principal factor diferenciador es la movilidad
aplicada hasta el año 2008, tema que a nivel nacional está generando una enorme
cantidad de litigios. En promedio la diferencia en los haberes sería del orden
del 24% (en el año 2012 en lugar de un haber medio de $ 6.900, la Caja con
armonización plena habría pagado $5.200).
El
promedio esconde diferencias muy grandes entre sectores ya que en el régimen
general la diferencia llegaría al 45%, Luz y Fuerza al 21%, docente al 7%,
mientras que en Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial al 6%.
Si
la armonización plena rigiera desde el año 2003 la Caja pagaría la misma
cantidad de beneficios pero con un haber promedio más bajo. Esto implicaría
reducir las erogaciones en alrededor de $2.283 millones.
La
principal conclusión del estudio es que si bien la armonización plena
provocaría una reducción de egresos, esto sería más que compensado por una
reducción en los ingresos. Dicho de otra manera, las mayores erogaciones que
genera el pagar haberes más altos -debido a que no se adoptaron plenamente las
normas nacionales- son totalmente financiadas con recursos aportados por todos
los cordobeses a través de imposiciones más altas.
Los
resultados de la simulación agregan nuevos argumentos sobre la legitimidad de
los reclamos de la Provincia al Gobierno Nacional. No sólo que en todos los
convenios se contempló un proceso gradual de convergencia hacia las normas
nacionales. Desde el punto de vista financiero la simulación demuestra que
adoptando estrictamente todas las normas nacionales las transferencias que
debería hacer la ANSES serían mayores a las que reclama la Provincia.
Planteado
desde otra perspectiva, la simulación muestra que si Córdoba hubiese
transferido la Caja a la Nación, como lo hicieron en su momento otras
provincias, el déficit que tendría la ANSES sería mayor a los fondos que
reclama la Provincia. Esto demuestra que la Provincia está siendo
arbitrariamente discriminada respecto a las jurisdicciones que transfirieron
sus sistemas previsionales a la Nación.
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