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Provinciales-
La bancada de legisladores provinciales de la Unión
Cívica Radical a solicitud de la parlamentaria Elisa
Caffaratti presentó un proyecto de ley, mediante el cual impulsa la
creación en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia el cargo
de Defensor del Pueblo Adjunto para la Tercera Edad, cuya misión será la
defensa y protección de los derechos y garantías tutelados en la Constitución
Provincial y demás leyes provinciales y nacionales que amparen a los
adultos mayores.
Para ser Defensor de la Tercera Edad deberá acreditar estudios
especializados o activa participación en congresos, conferencia y/o charlas
relacionada con el Derecho a la Ancianidad y/o Gerontología y/o Derecho
Previsional o cualquier otra temática que involucre y garantice la
seguridad y asistencia social de los adultos mayores.
El Defensor Adjunto para la Tercera Edad se comprometerá
semestralmente elevar informes al Ombudsman, dando cuenta de sus labores.
En la actualidad la vejez es una etapa vital atravesada por
diversas problemáticas que son necesarias abordar. Existen principalmente dos
razones por la cual este fenómeno se ha convertido en un tema de interés
para el diseño de las políticas públicas.
La primera tiene que ver con los cambios estructurales que se
han dado en la composición demográfica de la sociedad que han dado lugar a
que aumente la cantidad de personas mayores de 65 años.
La segunda razón por la cual la vejez ha ingresado a la agenda
social, tiene que ver con los maltratos sufridos por este sector. La
realidad muestra que este grupo etario dada su fragilidad, la precariedad
económica que muchas veces padecen y el abandono familiar y social
lo convierte en un grupo susceptible de recibir los peores tratos.
“Como sociedad nos tenemos que preguntar, si el hecho de que
haya aumentado la esperanza de vida tiene el mismo correlato positivo en la
“calidad de vida”, ya que son las condiciones de vida las que determinan
cuanto y como se vive”, afirmó Caffaratti.
Luego, la autora del proyecto consideró que con esta
iniciativa “contribuimos al efectivo goce de los derechos
proclamados en la Constitución provincial ; la Constitución
Nacional; la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados
internacionales de rango constitucional que promueven el respeto a la
integridad de los adultos”.
En Córdoba son numerosos los casos de geriátricos que no han
sido fieles a los motivos por los cuales se han creado, provocando
situaciones de abuso hacia las personas que albergan.
En el año 2010 los datos demostraban que en nuestra provincia
existían 10.145 personas viviendo en geriátricos, pero solo estaban en
condiciones de funcionar 6000 camas, lo que da cuenta que más del 40
% de los establecimientos que albergan adultos mayores no se
encuentran habilitados por el Estado.
“Esto y a nuestro pesar está directamente relacionado con los
casos de geriátricos donde se han encontrado “abuelos” en el peor de los
estados, ya que donde existe un Estado ausente se abre la posibilidad para
que sucedan actos de violencia y discriminación”, remarcó al respecto la
legisladora Caffaratti.
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