Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Ante las reiteradas ediciones del Rally Dakar Argentina-Chile, el Defensor del Pueblo de la Nación resolvió recomendar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el deber de exigir el Estudio de Impacto Ambiental, con el fin de garantizar la prevención de los impactos integrales, interjuridiccionales, nacionales e internacionales, tanto en esta edición como en las futuras a realizarse.
Asimismo exhorta a las autoridades ambientales de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan como así también a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (afectados al recorrido del evento citado), al estricto cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, y que se garantice la remediación efectiva de los impactos producidos por la competencia hasta el presente y de aquellos impactos y pasivos que puedan devenir como consecuencia de futuros eventos.
Durante la investigación, esta Institución solicitó informes a la Secretaría de Ambiente de la Nación, al COFEMA, a la Secretaría de Turismo y a las diversas provincias por donde atravesó la competencia de allí surgió que los Estudios de Impacto Ambiental efectuados en las ediciones anteriores de la citada competencia, no fueron realizados con el rigor que requiere la normativa vigente, y que muchos de los impactos potenciales no sólo se produjeron sino que no fueron correctamente remediados.
La falta de rigor que conlleva una ausencia de evaluación adecuada, pone en riesgo las nacientes cordilleranas de diversas cuencas hídricas del país (superficiales o subterráneas), los ecosistemas de zonas áridas de alta fragilidad, los glaciares, la sanidad animal y vegetal del país, así como los compromisos internacionales asumidos en la lucha por la preservación de la Biodiversidad y contra la desertificación del suelo, por citar y enumerar alguno de ellos.
Prueba de ello son los informes provinciales post evento, de los cuales se desprenden que los principales problemas estuvieron relacionados con el manejo de residuos peligrosos durante y después de la competencia, como así también incumplimientos en la remediación y daños a caminos (por citar alguno de ellos), llegando incluso a multarse a la empresa organizadora por tal proceder.
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