Buenos Aires: Choque en la ruta 7: Qué (no) hizo el Congreso para evitar la tragedia…

Fuente: Noticias de Congreso Nacional

www.diarioasisomos.com.ar / www.asisomos.tk (martes 19 de abril de 2011) Las 13 personas que murieron este fin de semana producto del choque frontal entre un camión y una combi en las cercanías de la localidad de Alberdi, provincia de Buenos Aires, pasaron a engrosar la lista de los muertos en accidentes de tránsito en la Argentina. Lista que se engrosa día a día mientras que en el Congreso reposan distintos proyectos para garantizar la seguridad vial y aumentar las penas a los delitos de tránsito.

Según datos de la Asociación Luchemos por la Vida, la Argentina se alza con uno de los números más altos en el mundo por muertes en accidentes de tránsito: unas 27 personas mueren por día debido a esa causa. En 2009 hubo un total de 7.885 muertos, y aproximadamente 120 mil heridos en distinto grado. Aunque al término del mes de marzo de 2011 las Tasas de Siniestralidad y Mortalidad del CESVI mostraron un descenso con respecto al mismo período del año anterior (la primera de -25,9% y la segunda de -10,3%), el tema no deja de ser preocupante. 
La ley 23.348 prevé la incorporación de la educación vial en el nivel inicial y en la escuela primaria. No obstante, la enseñanza de normas viales brilla por su ausencia. Y pocas leyes hay en el Congreso que apunten a mitigar el mortal problema. Recién el año pasado las senadoras kirchneristas Ana Corradi de Beltrán y Nanci Parrilli y el senador Miguel Ángel Pichetto comenzaron a ocuparse del tema. 
Estos últimos presentaron un proyecto que fue firmado por 25 senadores. La iniciativa modifica el Código Penal e incorpora los delitos contra la seguridad vial. También impide la aplicación de la probation para este tipo de delitos y crea una nueva pena: la de prestación de servicios comunitarios, que se agrega a las existentes hasta ahora de reclusión, prisión, multa e inhabilitación. 
El texto dispone que si un conductor tiene conductas imprudentes -como manejar con nivel de alcohol en sangre que duplique el permitido o corriendo picadas- que ponen en riesgo la vida de otras personas, puede ser sancionado con prisión de 1 a 3 años o trabajos comunitarios de 3 a 6 meses, e inhabilitación para manejar de 6 a 18 meses y multa de 8 a 30 mil pesos. 

El homicidio culposo, según este proyecto, será sancionado con pena de hasta 6 años de prisión, y si además el conductor se da a la fuga podría llegar a 8 años, además de inhabilitación de 10 a 15 años. 

Por su parte, Corradi propone penar a los dueños de campos que tengan a los animales sueltos en la cercanías de las rutas, ya que muchas veces son esos animales los que ocasionan los accidentes de tránsito. “Hoy es una contravención, pero debemos convertirlo en un delito”, afirma la senadora. También plantea penas para aquel conductor que cruce una vía con la barrera baja, y extender a los conductores de motos y bicicletas las mismas penas que se aplican a los automovilistas “que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas mediante la participación de una prueba de velocidad o destreza”. 

Por último, el radical pampeano Juan Carlos Marino también presentó un proyecto destinado a penar a quienes participen de picadas. 

En la reunión de la comisión de Justicia que tuvo lugar el martes 12 de abril se acordó firmar un proyecto conjunto con todas estas iniciativas, en cuya redacción irán avanzando los asesores. 

Inacción en Diputados… La última acción por el tránsito tomada en Diputados data de agosto del año pasado, cuando la comisión de Obras Públicas citó al administrador general de Vialidad Nacional, Abel Periotti. Si bien el objetivo no era hablar de los accidentes de tránsito sino del estado de las rutas nacionales y provinciales, privatizadas y no, el tema de la seguridad vial surgió al referirse los diputados al mal estado de las carreteras. 

De acuerdo con Ariel Basteiro, en declaraciones exclusivas a NCN, “el problema de las rutas no es el estado, sino la infraestructura, entendida por ejemplo en la amplitud de los carriles. Hoy el tránsito no es el mismo, los camiones que circulan por la Ruta 3 son más grandes que hace algunos años”. Por eso “hace falta que los organismos de control hagan cumplir a las empresas concesionarias con los planes de inversión. En esto hay intereses de las petroleras, de automotrices y de peajes, por lo que no se fomentan otros medios como el tren”. 

El estado de la ruta 7 es lo que ante el accidente de este fin de semana los peritos analizaron y llegaron a la conclusión de que el choque no se produjo por el mal estado de la ruta sino porque, probablemente, el chofer del camión que se incrustó en la combi se haya quedado dormido. De todos modos, según las estadísticas, la ruta 7 es dos de las más peligrosas del país. 

Pero más allá de ese debate, existen varios proyectos sobre el tema en Diputados, pero ninguno ha avanzado. Uno de ellos es de Eduardo Macaluse (SI) y obliga a que en los pasos a nivel de la red metropolitana de trenes exista personal de seguridad que actúe como banderillero y guardabarrera. El tucumano Gerónimo Vargas Aignasse (FpV), en tanto, propone un sistema de control de alcoholemia de alcance nacional. Y Silvia Majdalani (Pro) presentó una iniciativa destinada a poner más controles en la instancia de entrega del registro de conducir. 

En abril del año pasado, un amplio grupo de diputados propusieron declarar la emergencia en materia de seguridad vial por el plazo de dos años, contemplando la elaboración de un Programa de Emergencia Nacional que incluya nuevas leyes o reformas al Código Penal o Procesal, la unificación de los procedimientos de otorgamiento del registro de conducir, establecer más mecanismos de control, que exista un Registro Nacional de Accidentes de Tránsito, y realizar controles de alcoholemia. El tema quedó en el olvido. 

Otros proyectos hablan de utilizar el limitador de velocidad en vehículos, realizar a los choferes de larga distancia estudios para ver si padecen de apnea de sueño, modificar los límites de la velocidad máxima, aumentar las penas... Ninguno ha conseguido aún un avance significativo. 

Basteiro (Nuevo Encuentro), vicepresidente segundo de la Comisión de Transporte de Diputados, le confesó a NCN que “a veces la urgencia hace que se trabaje en otros temas y no en estos que son de suma importancia porque causan la pérdida de muchas vidas. Hay que trabajar en el aspecto de la educación vial desde la escuela primaria, en la Argentina se maneja muy mal, para eso hace falta presupuesto. Es un trabajo cultural también”. 

De acuerdo con el legislador bonaerense, una manera de acabar con los accidentes de tránsito es “endureciendo las sanciones; que el que mata a alguien realmente no vuelva a manejar nunca más”. 

“No creo que la implementación del scoring o la quita del registro sean medidas que puedan ser llevadas adelante eficazmente. Las autoridades de la Ciudad y de los municipios están más preocupadas en recaudar levantando con la grúa que otra cosa”, opina Basteiro. 

La última ley… La ley 26.363 de tránsito y seguridad vial, sancionada en abril de 2008, aún no ha sido ratificada por varias provincias. Estas son algunas de las modificaciones que planteó: “Creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, que tiene como misión la reducción de la tasa de siniestralidad. Estableció el sistema de puntos (scoring) aplicable a la licencia de conducir. Prohibió la venta y cualquier clase de publicidad de bebidas alcohólicas en zonas linderas a caminos, rutas, semiautopistas o autopistas. Incorporó nuevas faltas graves a la ley de tránsito (24.449), como transportar un número de ocupantes superior a la capacidad del vehículo, o manejar utilizando auriculares o celulares”. 

Pero con esta ley no alcanza. La cantidad de víctimas es prueba de que si bien es un paso adelante, aún no es suficiente. Hacen falta más penas para los que matan con sus vehículos y también un mayor control del estado de las rutas nacionales y provinciales para evitar los accidentes que puedan generarse. Y para eso es fundamental que el Congreso trate los proyectos de ley al respecto, que permanecen cajoneados esperando que se los trate en alguna comisión.