Fuente: Instituto para el Desarrollo Social Argentino
www.diarioasisomos.com.ar / www.asisomos.tk (lunes 25 de abril de 2011) Los datos publicados por el INDEC sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia han motivado múltiples reacciones en torno a las consecuencias de las manipulaciones sobre el sistema estadístico oficial. Esto opaca un hecho aun más importante: son claros los indicios de que no se están cumpliendo las expectativas alrededor de la Asignación por Hijo. Alcanzan los datos del INDEC para poner en evidencia que la indigencia dista de ser erradicada aun cuando se está invirtiendo una enorme cantidad de recursos para lograrlo. La razón es la baja calidad del diseño y la gestión del programa.
Una de las pocas políticas que acapara amplios acuerdos técnicos y políticos es la Asignación Universal por Hijo. La expectativa compartida es que a través de este instrumento se logre una importante reducción (aunque no eliminación) de la pobreza y una drástica reducción (cerca de la eliminación) de la pobreza extrema o indigencia.
Desde hace aproximadamente dos décadas, intervenciones parecidas se viene ejecutando en casi la totalidad de países latinoamericanos y en muchos otros lugares del mundo. Obviamente, en cada país y en cada momento, el diseño y la gestión tienen particularidades. Pero todos los casos encuadran dentro de lo que técnicamente se denomina “programas de transferencias condicionadas”. La idea básica es que el apoyo financiero a los hogares en situación de vulnerabilidad (componente asistencial) se combine con el compromiso de las familias en inversión en salud y educación de los niños (componente de promoción).
· En Argentina, la Asignación Universal por Hijo involucra casi $10 mil millones a precios del año 2010, representando aproximadamente un 0,7% del PBI.
· En Uruguay, el programa de asignaciones familiares no contributivas involucra aproximadamente 0,4% del PBI.
· En Argentina, la tasa de indigencia en el año 2010 fue de 2,8% de la población mientras que en Uruguay la tasa de indigencia se ubicó en el 1,2% de la población.
Resulta llamativo que en ninguno de los dos países se logró eliminar la indigencia. Esto sugiere que hay una gran cantidad de familias que sufre con tal profundidad la marginalidad, que aún desplegando un gran esfuerzo no se llega a erradicar ni siquiera la pobreza extrema. Sin perjuicio de este elemento común, es notable que en Uruguay con muchos menos recursos asistenciales se logren resultados significativamente mejores que en la Argentina. Es más, si la información de la Argentina fuera corregida por las manipulaciones del INDEC los contrastes serían más impactantes. Uruguay invierte poco más de la mitad en asignaciones familiares, pero tendría una tasa de indigencia inferior a un tercio de la que sufre la Argentina.
En la explicación de la diferencia opera una multiplicidad de factores. Particularmente relevante es la brecha en la calidad del diseño y la gestión de ambos programas. A diferencia del caso argentino, el monto de la prestación en Uruguay es mayor para jóvenes que cursen la secundaria, pero menor según el tamaño del hogar. Mucho más importante como determinante de los resultados es que en Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social realizó un censo entre la población más vulnerable para identificar a los hogares más pobres del país. Luego, fijó en aproximadamente 500 mil los beneficios de asignaciones familiares no contributivas que se pueden otorgar sin comprometer la sustentabilidad fiscal.
En la Argentina , el financiamiento no es sustentable porque se basa en la apropiación de los fondos previsionales. En paralelo, la baja eficacia para eliminar la indigencia está asociada a que se apeló a otorgar la asignación a todo hogar cuyos padres se declaren desocupados o trabajando en la informalidad. Sin censo ni evaluaciones sobre la condición socioeconómica de los hogares, la cobertura llega de forma muy parcial a la población indigente y muchos beneficios se diluyen entre población no indigente e incluso no pobre.
Se trata de otra evidencia de que en políticas públicas sólo con dinero no se resuelven los problemas. Para mejorar la eficacia de la Asignación por Hijo, al menos a los niveles alcanzados por Uruguay, no se necesita más plata sino incorporar mejoras sustanciales en la calidad del diseño y la gestión del programa.
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