Mauricio Macri firmó un decreto que garantiza la estabilidad de empleados jerárquicos nombrados en el Estado
El Presidente modificó el régimen de los funcionarios de "Alta Dirección Pública", que alcanza a directores y coordinadores nacionales que ganaron concursos durante el gobierno actual y el anterior
Nacionales- El presidente Mauricio Macri estableció por decreto un régimen que garantiza la estabilidad de cargos directivos nombrados en el Estado por un plazo de cinco años. La decisión se tomó este martes, a dos semanas de finalizar el mandato, en acuerdo con gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).
El decreto 788/19 , firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, define la creación de un "Régimen de Alta Dirección Pública", que incluye cargos que fueron nombrados en concursos realizados durante el gobierno actual y el anterior, entre los que se incluyen directores generales -nacionales o equivalentes- y coordinadores. Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que el decreto abarca a un universo que representa el 10% de los cargos jerárquicos del Estado.
El nuevo marco normativo permite a los funcionarios que hayan sido nombrados bajo el mandato de Mauricio Macri permanecerán en su cargo como mínimo por un año más, ya con la gestión de Alberto Fernández.
Al garantizar la estabilidad en el puesto, el personal jerárquico gozará los beneficios de los agentes de la planta permanente, cuentan con una escala salarial diferenciada y superior al escalafón vigente al sistema tradicional de empleo público, y podrán ser indemnizados en caso de que sean despedidos de la administración pública.
El decreto dispone que si no se cumple la norma, el Estado deberá indemnizarlos por los cinco años, lo que implicaría sumas de varios millones de pesos. Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por el gremio estatal Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazada por ATE.
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández caracterizó la nueva norma como "un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando".
La Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), por su parte, rechazó la medida porque además de incluir requerimientos de aptitud técnica y profesional "mucho más laxos que el vigente y un sistema salarial desproporcionadamente alto", ha sido "pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente".
El convenio fue firmado con el gremio UPCN antes de las últimas elecciones generales aduciendo que brinda estabilidad a los trabajadores. Sin embargo, la presunta "estabilidad" es para ATE una excusa, ya que de ser el tema central habrían comenzado por las categorías inferiores y no por las superiores.
Fernández lo describió como que "ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos, todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años". El secretario general del gremio de los abogados, Rubén Ramos, dijo que decidió "judicializar" la nueva norma porque afecta "de manera grave el derecho a la carrera que consagró la Constitución Nacional y los tratados internacionales".
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